Corema aprueba ampliación de Pascua Lama pese a oposición de ambientalistas

La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Atacama resolvió aprobar la ampliación del controvertido proyecto minero binacional Pascua Lama, perteneciente a la firma trasnacional Barrick Gold. Los opositores, que cuestionan el daño que podrían sufrir tres glaciares, podrán apelar a la resolución una vez que la empresa sea notificada formalmente de la decisión. La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Atacama junto con aprobar por unanimidad el proyecto Pascua Lama, resolvió impedir cualquier tipo de intervención en los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, tras calificar ambientalmente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Pascua Lama. Además de lo dispuesto respecto a los glaciares, en su resolución la Corema estableció rigurosas medidas para proteger los recursos hídricos del Valle del Huasco, según un comunicado oficial. Así lo dio a conocer el intendente de la Región de Atacama y presidente de la Corema, Rodrigo Rojas, quien sostuvo que dicha medida forma parte de una serie de condiciones ambientales que la autoridad adoptó al momento de aprobar con condiciones el mencionado estudio. "Esto refleja el adecuado funcionamiento que ha tenido nuestra institucionalidad ambiental, pues las decisiones han sido adoptadas por las instancias adecuadas, de manera unánime, fundada y como resultado de un proceso transparente e informado”, añadió. Junto con enfatizar que se resolvió "con estricto apego a la Ley de Bases del Medio Ambiente", resaltó que en este proceso de evaluación participó un conjunto de servicios públicos con competencia ambiental y, de manera muy importante, la ciudadanía organizada, que entregó más de 180 observaciones. Sin perjuicio de lo resuelto por la Corema, la legislación ambiental contempla instancias de reclamación tanto para el titular de un proyecto como para las organizaciones ciudadanas. El EIA de Pascua Lama fue aprobado el año 2001, y lo que ahora se estaba evaluando era su ampliación. El plazo de la Corema para pronunciarse vencía el 22 de febrero, y en caso que no hubiese existido pronunciamiento habría quedado aprobado de manera automática en virtud del silencio administrativo.